“Tu educación va a cambiar el mundo. Educa en Igualdad”

FETE-UGT celebra el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer subrayando la importancia de la educación como medio para la consecución de la equidad, la prevención de la violencia de género, la cohesión social, la inclusión y la atención a la diversidad. Pero sobre todo para la formación de ciudadanas y ciudadanos comprometidos con el mundo y el tiempo que les ha tocado vivir.

Se cumplen veinte años de la aprobación de la Declaración de acción de Beijing y quince desde que los Objetivos de Desarrollo del Milenio fijaran la consecución de la enseñanza primaria universal para el año 2015. Ambas declaraciones, que ahora se renuevan con nuevos compromisos, advertían que la educación de calidad es imprescindible para lograr la igualdad de género, así como para el desarrollo sostenible, equitativo y democrático de los pueblos.

Un mensaje que no se corresponde con la ideología del gobierno actual en cuyo plan de recortes se encuentra la extinción de los recursos dedicados a la formación en igualdad, a la educación afectivo sexual o a un verdadero planteamiento de prevención de violencia de género en el sistema educativo.

La Ley de Igualdad efectiva entre mujeres y hombres y la ley Integral contra la violencia de Género hacen de España un país avanzado legislando en igualdad, sin embargo la distancia entre el articulado legal y la realidad del día a día es inmensa.

En los últimos años hemos asistido a un desmantelamiento tanto de las instituciones como de los programas relacionados con la educación en igualdad y a una intencionalidad para desterrar la formación del alumnado en valores de igualdad y ciudadanía. Atrás han quedado los procesos de implementación de los planes de igualdad en educación, la formación inicial y continua del profesorado, la especialización de los agentes de igualdad, la incorporación de programas educativos relacionados con la corresponsabilidad y la igualdad en todos los niveles de la educación. Además la investigación y las publicaciones sobre coeducación parecen in- existentes.

Las pocas acciones que se realizan, como la prevención de violencia de género en los centros escolares son escasas y anecdóticas.

Y mientras los recortes en educación continúan, la realidad nos demuestra que la educación es uno de los instrumentos más importantes para avanzar en la construcción de actitudes que enseñen al alumnado a compartir la vida desde el respeto, el reconocimiento mutuo, la autonomía y la corresponsabilidad.

Las estadísticas a nivel mundial nos muestran que no existe ningún país en el mundo donde las mujeres y los hombres tengan igualdad de oportunidades, igualdad de remuneración o igualdad en acceso a puestos de responsabilidad; que todavía las mujeres ganan menos que los hombres por el mismo trabajo.

Acceden en mayor proporción a los trabajos peor remunerados, informales o precarios, así como empleos a tiempo parciales.

A nivel mundial las mujeres, constituyen únicamente el 21,9% de los parlamentarios; más de un tercio experimentara violencia de género por parte de su pareja; en promedio, poseen únicamente el 15% de títulos de propiedad (de 121 países, 86 todavía tienen leyes o prácticas discriminatorias sobre las herencias). Además las complicaciones en el embarazo y el parto son una de las principales causas de mortalidad entre las niñas de 15 a 19 años en los países en desarrollo.

Por otra parte, continúa recayendo sobre las mujeres el peso del cuidado y la atención a la familia. El trabajo doméstico sigue siendo la principal fuente de ingresos de las mujeres y de las niñas, y para muchas mujeres es el principal trabajo remunerado a tiempo completo.

FETE-UGT reivindica el valor de la educación como herramienta fundamental para lograr la igualdad. Por ello seguirá en el empeño de proporcionar a las trabajadoras y los trabajadores de la enseñanza los recursos necesarios para educar en igualdad, impulsando el trabajo de cooperación internacional y revindicando la edu- cación en igualdad como prioridad.

Huelga en todas las Universidades Públicas el 24 de marzo contra el 3+2

Las organizaciones sindicales con representación en la Mesa Sectorial de Universidades han acordado convocar Huelga en todas las Universidades Públicas y para todo su personal el próximo 24 de marzo.

El Gobierno acaba de aprobar el RD 43/2015 modificando la ordenación de las enseñanzas universitarias con la oposición de toda la comunidad universitaria, de la Conferencia de Rectores (CRUE), sin debate político ni social, sin una evaluación de la implantación de la última modificación legislativa consecuencia de la aplicación del proceso de “Bolonia” y sin una justificación creíble de sus propuestas.

Si finalmente se implanta el 3+2 (grados de tres años y másteres de dos) de forma generalizada, el sistema, lejos de homogeneizarnos con Europa, generará nuevas disfunciones porque, como señala el Consejo de Estado en su dictamen, “Parece difícil alcanzar tal homogeneización cuando dentro de nuestro propio país podría darse el caso, con la redacción del Real Decreto, de que un mismo título tuviera una duración diferente en una universidad y otra”. Además, teniendo en cuenta los elevados precios de los estudios de posgrado y las mayores dificultades para el acceso a becas y ayudas al estudio, se producirá una disminución significativa del alumnado universitario.
La reducción del número de créditos necesarios para finalizar los estudios de grado y la previsible pérdida de estudiantes tendrán un impacto muy negativo en la financiación de las universidades, el empleo y las condiciones laborales del profesorado y del personal de administración y servicios, dando lugar a una reconversión del sector que no vamos a aceptar. Según el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, las universidades ingresarán 150 millones de euros menos en concepto de matrículas, a los que se sumará el ahorro de las comunidades autónomas, que algunos cifran en 850 millones. Por tanto, se producirá un recorte de 1.000 millones, que se añadirá a los 1.500 que han perdido las universidades entre 2010 y 2014.
Asimismo, en los últimos meses de su mandato, el Gobierno se plantea aprobar dos reales decretos que modificarán los requisitos para la creación de centros y universidades y el sistema de acreditación del profesorado universitario funcionario, fundamental para el acceso a la profesión docente e investigadora.
En el borrador de RD de creación de centros y universidades que conocemos, se elimina la referencia a la programación general de la enseñanza que debería permitir la planificación de la oferta, se eliminan muchos requisitos mínimos y se rebaja la exigencia de los que quedan. El número de títulos que deben ofertar sigue siendo ocho, pero ya no se exige que al menos uno sea de ciencias experimentales.

Se flexibiliza y desregula para facilitar el negocio de acuerdo con la Ley 20/2013, de garantía de la unidad de mercado, con el fin de “crear un entorno mucho más favorable a la competencia y a la inversión, facilitando que los agentes económicos puedan beneficiarse de las ganancias de una mayor dimensión en términos de productividad y costes”.

En la práctica, esto supone flexibilizar las condiciones para la creación de nuevos campus privados, que han proliferado desde 1997 en detrimento de las universidades públicas, pasando de 13 a 33, a pesar de que el Gobierno habla insistentemente de la necesidad de reducir lo que considera un número excesivo de titulaciones y centros.

Por último, la propuesta ministerial de Real Decreto por el que se modifica la acreditación del personal docente e investigador (PDI) funcionario establece un sistema menos objetivo, transparente e imparcial que el actual y continúa minusvalorando la actividad docente frente a la investigación.

Por otro lado, el nuevo baremo puramente cualitativo no permite la autoevaluación de los candidatos, al impedir medir con exactitud sus méritos, y dificultará todavía más la obtención de la acreditación que permite al profesorado acceder a la universidad. Igualmente, fracasa en el intento de equilibrar calidad y cantidad de méritos.

Parece que el objetivo final del Gobierno es endurecer los requisitos para la acreditación, aunque su argumento sea incrementar la calidad de los acreditados.

Las organizaciones firmantes de este comunicado rechazan estas iniciativas que pretenden convertir las universidades en empresas de servicios educativos y piden a la comunidad universitaria que se sume al rechazo y participe en la huelga del próximo 24 de marzo.

NO MÁS REFORMAS SIN CONSENSO CON LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

NO AL 3+2 QUE ENCARECE LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y EXPULSARÁ AL ALUMNADO CON MENOS PODER ADQUISITIVO

NO A LA DESREGULACIÓN Y FLEXIBILIZACIÓN EN LA CREACIÓN DE CENTROS Y UNIVERSIDADES

NO A UN SISTEMA QUE PERMITE UNA ACREDITACIÓN MENOS OBJETIVA Y SIN DEMOSTRAR EXPERIENCIA DOCENTE

Apoyo a los estudiantes en su huelga contra la reforma de las enseñanzas universitaria

FETE-UGT muestra su solidaridad con los estudiantes y apoya la huelga convocada para el 25 y 26 de febrero contra la reforma de la estructura de las enseñanzas universitarias

La Federación de Enseñanza de UGT respalda la convocatoria de huelga de las asociaciones estudiantiles contra el Real Decreto que modifica la estructura de las enseñanzas universitarias que reduce la duración de los grados e incrementa los másteres.

El sindicato considera que hay motivos suficientes para dicha convocatoria, ya que una vez más el gobierno implanta reformas sin consenso, ni político ni social, sin debate y sin haber realizado una evaluación de las enseñanzas de plan Bolonia, siendo medidas a destiempo y encaminadas a romper la equidad e igualdad de oportunidades para el estudiantado que accede a la universidad.

El sindicato se suma a las reivindicaciones estudiantiles exigiendo, una vez más, la retirada de las reformas planteadas y sigue expresando: No al 3+2 que encarece los estudios universitarios y que expulsará al alumnado con menor poder adquisitivo; No a la desregulación y flexibilización en la creación de centros y universidades y No a un sistema que permite una acreditación menos objetiva y sin demostrar experiencia docente.
FETE-UGT llama a la comunidad educativa/universitaria a solidarizarse con los estudiantes y desea que sus/nuestras reivindicaciones sean tenidas en cuenta.

18 de febrero – movilización contra la Ley Mordaza

UGT Sevilla quiere protestar por un hecho sin precedentes, según su secretario general Juan Bautista Ginés: ”En 35 años de democracia no se había criminalizado a los trabajadores por ejercer el derecho legítimo y constitucional como es el derecho a huelga”

La movilización del 18 de febrero busca defender las libertades y el derecho a la huelga. Una jornada reivindicativa que se desarrollará en toda España con motivo del día mundial de las libertades y el derecho a huelga. Además, Sevilla se unirá a una jornada de protesta mundial, para recordar que el derecho a huelga es un derecho fundamental y reconocido en casi todos los países del mundo, aunque en España se está viendo recortado desde que gobierna el PP, según el secretario general de UGT Sevilla.

La manifestación convocada por UGT Sevilla y CC.OO Sevilla partirá a las 18:30 horas desde Plaza Nueva y que terminará en las Setas de la Encarnación. Se exige “la derogación del apartado tercero del artículo 315 del Código Penal”, que vulnera el ejercicio del derecho de huelga, “la retirada del proyecto de reforma del Código Penal”, que permitirá cercenar el derecho de huelga o reunión; así como “la retirada de la modificación del proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana.

Desconfianza ante los docentes por la prueba externa de 3º de Primaria

OposicionesEl calendario de implantación de la LOMCE establece que en el presente curso escolar (2014-2015) se llevará a cabo la primera evaluación individualizada para todo el alumnado de 3º de Primaria, tal como determina el art. 20.3 de la LOE modificado por la LOMCE. Esta evaluación la realizarán agentes externos, por lo que, desde FETE-UGT se denuncia una muestra desconfianza en el profesorado que imparte docencia en los centros educativos españoles.

Para FETE-UGT la evaluación en la educación obligatoria ha de ser formativa, diagnóstica, orientadora y continua a lo largo del proceso con el fin de detectar los progresos y las dificultades, analizar las causas y reconducir los desajustes. Este sindicato sostiene que las evaluaciones externas han de ser de diagnóstico, sin efectos académicos, con la participación y colaboración en ellas de los centros y del profesorado, permitiendo el desarrollo posterior de planes de actuación y mejora que contemplen medidas específicas. Las pruebas han de estar conexionadas con el currículo y no se deben utilizar para establecer clasificaciones. La  evaluación es un instrumento importante para valorar el grado de mejora de la educación y una herramienta para conseguirla, por lo que debe ir acompañada de un compromiso con dicha mejora, para que no se quede en un mero análisis o en elaboraciones de rankings.

- En concreto, con respecto a la prueba de 3º de Primaria FETE-UGT teme que sea un examen para medir contenidos curriculares y no una evaluación de competencias, es decir que sea una calificación o expresión del grado de suficiencia o insuficiencia de los conocimientos adquiridos por el alumno o alumna.

- Este sindicato considera que la LOMCE y el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria, dan a la evaluación individualizada externa una relevancia excesiva en comparación con la evaluación continua que se viene realizando a lo largo de los distintos cursos de Primaria.
FETE considera que queda supeditada la adopción de medidas ordinarias o extraordinarias, la repetición o no al resultado de una prueba externa en la que no se tienen en cuenta una serie de variables que influyen de forma importante en los resultados. Esta prueba externa, en todo caso, debería ser considerada como información adicional a la evaluación realizada por el profesorado del centro -continua y global y que tiene en cuenta el progreso del alumnado en el conjunto de las áreas del currículo-

- FETE-UGT considera que primero habría que fijar el objeto de la evaluación y después los parámetros de dicha evaluación. Si lo que se pretende con dicha prueba de 3º es establecer diagnósticos adecuados y ayudar a definir con mayor claridad los mecanismos para mejorar el proceso de enseñanza, FETE-UGT estima que los equipos docentes y los centros ya tienen mecanismos para analizaran los factores que inciden en el nivel de aprendizaje alcanzado, y posteriormente adoptar las medidas más adecuadas, sin necesidad de la realización de una prueba externa.

Otro tema sería si los recursos de los que se disponen en los centros son los suficientes para que el alumnado reciba los apoyos necesarios.
Si lo que se pretende es regular la promoción del alumnado a los cursos siguientes, los equipos docentes vienen desarrollando y aplicando evaluaciones que tienen por objetivo valorar si los estudiantes están suficientemente preparados para promocionar a los siguientes cursos, sin tener que recurrir a los resultados de una prueba externa.
Más bien parece que se quiere supervisar y regular por parte de las autoridades educativas este proceso. El problema es que se quiere hacer con una herramienta limitada –prueba externa- cuyas consecuencias directas pueden modificar el proceso de aprendizaje del alumnado dependiendo del resultado de las mismas.

- No cabe duda que los resultados de una prueba externa en la que se evalúa el rendimiento académico del alumnado constituye una fuente de información para el profesorado, para el centro y para la administración educativa, pero hay que ser prudentes con la utilización de estos resultados. FETE-UGT considera que se puede correr el riesgo de generar con estas publicaciones un ranking de centros, lo que contribuye a la competitividad entre ellos, quedando lejos el primar la colaboración, cooperación y participación entre los mismos.

- En la ponderación de los resultados, el sindicato considera imprescindible tener en cuenta una serie de variables que condicionan el proceso de aprendizaje y por tanto los resultados de las pruebas, como son el nivel sociocultural, los recursos disponibles, características del centro, del alumnado, organización… esenciales a la hora de contextualizar medidas de mejora. De no tenerse en cuenta, el riesgo de desvirtuar los resultados es mayor, ya que una misma puntuación no tiene el mismo valor en todos los centros.
La evaluación de los centros basada solo en los resultados obtenidos por el alumnado, premiando a los que tienen mejores resultados y aplicando medidas correctoras a los demás, sin tener en cuenta otras variables que intervienen en los resultados, no es la mejor medida para conocer la realidad de los mismos. Además ha de ir acompañada de actuaciones de apoyo a los centros, bien sean programas de mejora, apoyo externo, planes de refuerzo, de profundización, de orientación… conforme a sus necesidades y teniendo en cuenta su entorno y características.

- En el Real Decreto 126/2014 en el que se establece el currículo de Primaria se enumera siete competencias del currículo, pero especifica que se potenciará el desarrollo de las competencias Comunicación lingüística y Competencia matemática, que son las que se van a evaluar en las dos pruebas individualizadas de 3º y 6º.  FETE-UGT defiende la necesidad de desarrollar todas las competencias para que el alumnado reciba una formación integral, por lo que aboga por un currículo flexible, aunque riguroso, que amplíe las posibilidades de aprendizaje del alumnado.
Por ello se hace imprescindible una evaluación continua y formativa que permita ajustar continuamente el proceso educativo, apartando los obstáculos, evitando lagunas irreparables y proporcionando las medidas necesarias, evitando así fracasos irreparables.

- Un tema que inquieta especialmente al sindicato es la situación en la que deja la realización de estas pruebas al profesorado. Este va a tener que supeditar su labor docente al resultado de las mismas, sin poder participar ni en la elaboración ni en la realización de estas pruebas externas, que serán aplicadas y calificadas por personas que no conocen al alumnado, lo que en cierto modo demuestra la desconfianza del Gobierno hacia la labor docente, generando la desmotivación del mismo y socavando su autonomía profesional.

- A FETE-UGT le preocupa que estas pruebas puedan marcar el desarrollo del aprendizaje y los contenidos que se desarrollarán en los centros para conseguir buenos resultados en las mismas. Aprender para superar una prueba no es lo mismo que aprender para conseguir el desarrollo integral del alumnado y más si tenemos en cuenta que existen competencias que no se miden, pero que son fundamentales en la formación del alumnado. El sindicato considera que estos exámenes podrán medir el rendimiento de dos materias instrumentales, pero no transmitir la complejidad de toda la educación, ni evalúan otros aspectos importantes para el desarrollo integral del alumnado.

- FETE-UGT defiende una evaluación continua, adecuada y contextualizada a las peculiaridades del centro y del alumnado. Han de estar realizadas por el profesorado del centro que es el que conoce las características y las necesidades del alumnado, con la finalidad de mejorar el proceso de aprendizaje del mismo y no ser censales, ni estandarizadas, encaminadas, por un lado, a la repetición, y por otro a aumentar los recursos de los centros con buenos resultados (premios) o a aplicar planes específicos de mejora en los que no los tienen (castigos), tal como se recoge en último párrafo del artículo 12 del Real Decreto 126/2014.

- Hay que tener en cuenta que además de la legislación estatal para la prueba de 3º de Primaria, la normativa propia de cada administración educativa también se podrá tener en cuenta para completar los estándares de aprendizaje evaluables o los criterios de evaluación propios del currículo de cada Comunidad Autónoma, tal como establece la LOMCE en su artículo 6 bis “las administraciones podrán en relación con la evaluación durante la etapa, complementar los criterios de evaluación relativos a los bloques de asignaturas troncales…”

Por ello y a la espera de aplicación de la prueba al alumnado de 3º de Primaria y dando por sentado que se han de establecer los estándares metodológicos y científicos para garantizar la calidad, validez y fiabilidad de la prueba, en FETE-UGT confian que los resultados de esta prueba se utilicen por las administraciones educativas, como un instrumento más dentro de los que ya se contemplan en los procesos de evaluación del alumnado y sirva para mejorar los procesos de enseñanza y no como una herramienta que busque errores y deficiencias y sea sancionador tanto para el alumnado, como para el profesorado y los centros.

Se admite a trámite un recurso de FETE-UGT Madrid contra medidas de implantación de la LOMCE

Niños y niñas en claseLa urgencia por implantar la LOMCE en la comunidad de Madrid ha hecho que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid haya admitido a trámite un recurso contencioso-administrativo de FETE-UGT contra el adelanto del horario LOMCE en los cursos pares de Educación Primaria (cuando el calendario establecía la implantación en los cursos impares), que el sindicato considera fuera del marco legal.

En esta comunidad, la consejería de Educación envió a las direcciones de Área Territorial, a la Inspección Educativa y a los centros, una circular de elaboración de horarios, el 5 de septiembre de 2014, por la que se “autorizaba” a implantar el horario de la LOMCE también a los cursos pares de Educación Primaria en aquellos centros que lo “desearan” y tuvieran recursos propios para ello.

La Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT Madrid denunció públicamente esta irregularidad en la gestión del inicio de curso de la consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, la reclamó en su momento ante la Comunidad de Madrid e inició un proceso judicial ante la falta de respuesta de la Administración.

La decisión de adelantar el horario LOMCE en los cursos pares de Educación Primaria por parte de la Consejería de Lucía Figar es ilegal, a juicio del sindicato, pues incumple el calendario de implantación de la LOMCE publicado en el mes de julio por la propia Comunidad, que preveía su inicio en el curso 2014/2015 solo en los cursos impares de Educación Primaria, conforme al DECRETO 89/2014, de 24 de julio​, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el Currículo de la Educación Primaria (una circular no puede ir en contra de lo establecido en un Decreto):

El currículo establecido en este decreto se implantará para los cursos primero, tercero y quinto en el curso escolar 2014-2015, y para los cursos segundo, cuarto y sexto en el curso escolar 2015-2016.

Asimismo, imposibilita que las materias afectadas por reducción horaria se puedan impartir con normalidad pues disminuye el horario pero no el contenido, que sigue rigiéndose por la LOE (en 2º, por ejemplo, Conocimiento del Medio-se reduce una hora semanal-, Educación Artística-se reduce una hora y media semanal-, Educación Física-se reduce media hora semanal).

Por otra parte, este adelanto del horario LOMCE, se realizó a espaldas de la Inspección Educativa- quien ha de validar los horarios- que no recibió estas instrucciones por escrito hasta un día antes del inicio del curso escolar, mientras que los equipos directivos de los centros habían recibido un correo electrónico que avanzaba la propuesta en el mes de julio, hecho que generó además no pocos problemas a los centros en la confección de los horarios.

FETE-UGT Madrid considera, por último, que esta actuación excede las competencias de la consejería de Educación pues la nueva Ley educativa no contempla la posibilidad de un adelanto de su implantación y contraviene la normativa de la propia Comunidad de Madrid, lo que es una prueba más de la improvisación y el despotismo con el que actúa esta Administración. Por ello, FETE-UGT Madrid estudiará las medidas legales a su alcance para evitar que la Consejería de Educación actúe al margen de la normativa vigente.

Educación en valores para lograr la paz

Con motivo del Día Escolar de la no Violencia y la Paz, FETE-UGT defiende la educación en valores como eje fundamental del proyecto educativo

Imagen recurso alumno estudiandoEl concepto de Paz, si bien ha sido asimilado tradicionalmente con la ausencia de guerra, ha seguido una evolución hacia el concepto de igualdad y justicia social. Este concepto amplio y positivo de paz, significa la ausencia de todo tipo de violencia, tanto directa (física o verbal), como estructural, donde se garantiza la satisfacción de las necesidades básicas para vivir dignamente y del reconocimiento de los derechos sociales y económicos. Este concepto de paz se refiere a una vida social donde exista cada vez más justicia y menos violencia en las relaciones entre personas, grupos sociales y naciones.

Sin embargo, la realidad nos muestra que estamos lejos de esta concepción de la Paz. En la actualidad un 80% de la población mundial carece de acceso a una protección social adecuada, afectando estas carencias especialmente a mujeres y niños y niñas. En cuanto a España, la crisis económica y la política de recortes salariales y sociales han provocado y sigue haciéndolo un amplio aumento de la vulnerabilidad social y un incremento de la desigualdad. Esto supone un creciente deterioro en el reconocimiento los Derechos Humanos y atenta más que nunca contra los principios de justicia, cohesión y paz social. Como consecuencia la distancia que separa a ricos y pobres es hoy más grande, situando a España como el país de la UE donde más han aumentado las desigualdades (cinco veces más que la media de la UE) y donde se ha generado que la pobreza sea más intensa, extensa y crónica entre la población.

Desde FETE-UGT recordamos, en la conmemoración del Día Mundial de la no Violencia y la Paz, que las consecuencias de la desigualdad y la ruptura de la cohesión social, ampliamente analizadas en la investigación social, generan consecuencias muy graves para una sociedad, y aunque en principio afectan de forma desigual a la población, es el conjunto de esta quien la sufre. Asimismo, dichas consecuencias permanecen en el tiempo, el daño causado a una sociedad no se solventa con cambios de política a corto y medio plazo, sino que sus efectos permanecen y afectan a varias generaciones sucesivas. En este sentido en vez de reforzarse e incrementarse progresivamente en estos años de crisis, las políticas sociales de bienestar social, tendientes a la redistribución de la riqueza y a la protección y la igualdad, han ido reduciéndose como consecuencia de los recortes y/o eliminación de medidas de protección

Desde FETE-UGT consideramos que la tarea política prioritaria debe ser trabajar para construir un orden social (político, social y económico) sustentado en una justa distribución de la riqueza social. Creemos firmemente que la crisis económica y de empleo nos ofrece la oportunidad de reformular un conjunto de estrategias de desarrollo y prácticas públicas y empresariales que nos conduzcan hacia un futuro más sostenible y equitativo. La sostenibilidad depende de la creación de mercados y políticas que sean capaces de distribuir mejor los beneficios del desarrollo. Significa también sentar las bases para que todos vivamos con dignidad, estabilidad y oportunidades. En nuestro empeño por lograr esta transformación debemos, al mismo tiempo, integrar la inclusión social en nuestras políticas y en todas nuestras iniciativas, especialmente en materia de educación puesto que la escuela es la institución más poderosa para garantizar la igualdad.

Por último, desde nuestro ámbito de actuación, la Educación, creemos que es necesaria una educación que garantice que cada alumno y alumna pueda participar de forma crítica y responsable en la defensa de la paz y la democracia, por tanto, en lograr una sociedad plural, más justa, equitativa y solidaria. Frente al discurso neoliberal que define el fin de la educación como la respuesta a las necesidades del mercado, defendemos la educación en valores y la educación en la ciudadanía como los ejes fundamentales sobre los que debe elaborarse el proyecto educativo, para desde él educar y formar ciudadanos y ciudadanas bien preparados para encontrar un trabajo digno, pero, también, que les enseñe a preocuparse y comprometerse de forma crítica y responsable con el mundo en el que les ha tocado vivir.

Las aulas hoy en día son el reflejo de la sociedad en la que vivimos. Los retos, las ilusiones, los acuerdos y los conflictos están presentes en todos los espacios de convivencia. El compromiso de FETE-UGT es contribuir a que en los centros educativos aprendamos a relacionarnos desde los valores de igualdad, respeto y solidaridad. El tratamiento que se da a la resolución de los conflictos en el ámbito educativo es un elemento fundamental para el desarrollo de la personalidad de los alumnos y de las alumnas y para la incorporación de nuevos talantes en el tratamiento la diversidad.

Las asignaturas de historia reflejarán de forma rigurosa lo ocurrido antes y después de la Guerra Civil

Salón de plenos del Parlamento andaluz

Se ha aprobado ya el proyecto de Ley de Memoria Democrática de Andalucía y será remitido al Parlamento para su estudio y posterior aprobación. Esta nueva Ley establecerá el régimen jurídico de las iniciativas para el reconomiento de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura franquista en Andalucía, y prevé incluir los contenidos relacionados con la Memoria Democrática en los planes de enseñanza de Primaria, Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Educación Permanente de personas adultas. De este modo, se revisarán los textos escolares para que ofrezcan información rigurosa sobre los acontecimientos ocurridos antes y después de la Guerra Civil, con contenidos basados en la investigación historiográfica.

El texto supera y adapta a Andalucía la legislación estatal en vigor, además de ampliar su horizonte temporal. Así, además de la Segunda República, la Guerra Civil y la Dictadura franquista, incluye la Transición a la democracia hasta la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía, con un periodo total que abarca desde el 14 de abril de 1931 hasta el 11 de enero de 1982.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, el vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas,expuso que esta ley –que parte de una dotación económica de diez millones para un periodo quinquenal– amplia la consideración de víctima a colectivos como los familiares o los niños robados; reforzará el régimen de protección legal de los espacios, enclaves y bienes muebles y documentales vinculados a la recuperación de la memoria democrática; incluirá su estudio en los currículos educativos, y facultará a la administración autonómica para emprender acciones y denuncias de crímenes ante los juzgados, de acuerdo con el principio de justicia universal. Asimismo, establecerá la prohibición expresa de exhibición de símbología fascista y obligará a las instituciones a eliminar cualquier vestigio en este sentido.

El proyecto establece el marco de las políticas públicas para saldar la deuda con las víctimas y con los luchadores por la libertad, la democracia y la autonomía andaluza. Su estructura se organiza en seis títulos, dedicados a las víctimas de la represión, las medidas de reparación, los documentos de la memoria democrática de Andalucía, el fomento del movimiento asociativo y fundacional, la actuación administrativa y el régimen sancionador, además del título preliminar, seis disposiciones adicionales, una transitoria, una derogatoria, y dos finales.

Respecto a las víctimas, el articulado extiende esta consideración (ya vigente para fusilados, guerrilleros, condenados y exiliados) a los familiares, a los niños robados, a quienes padecieron los campos de exterminio nazis y a colectivos que sufrieron especial persecución, como homosexuales o mujeres vejadas. Asimismo, y de acuerdo con los ayuntamientos, prevé la elaboración de un censo de carácter público, iniciativas de dignificación de las fosas comunes y el establecimiento del 14 de junio como día de recuerdo y homenaje a las víctimas. En esta jornada se conmemora la primera exhumación oficial de una fosa común, que tuvo lugar en Lecrín (Granada) en 2003.

El texto legal refuerza el régimen jurídico de protección de los denominados Lugares de Memoria Democrática. Entre otras medidas, se recoge la creación del Inventario de Lugares y Senderos y la exigencia de informes vinculantes de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales para cualquier proyecto o actuación que afecte a estos enclaves.

En la misma línea, la futura ley incluirá un conjunto de medidas encaminadas a la recuperación del patrimonio documental incautado por las fuerzas golpistas durante la Guerra Civil y el franquismo.

18 meses para retirar símbolos
Respecto a los símbolos, se fija un plazo de 18 meses para la retirada de escudos, placas y nombres de calles, plazas y avenidas que todavía exaltan el golpe de 1936 y el franquismo. Además, se faculta a la Administración autonómica para llevar a cabo esta medida subsidiariamente.

Los artículos dedicados a las fosas comunes incluyen disposiciones para facilitar la recuperación e identificación de los restos y establecen la elaboración de un plan cuatrienal que dará prioridad a las medidas de localización y exhumación. Estos trabajos deberán ser iniciados por la Junta o por los ayuntamientos a instancias de las familias, las entidades memorialistas y los investigadores.

Cuando los enterramientos estén en terrenos privados, si el propietario no da su consentimiento, se autoriza al Gobierno andaluz a la ocupación temporal de su uso. Asimismo, la Junta estará facultada para realizar pruebas genéticas que permitan la identificación de las víctimas y crear un banco de datos de ADN.

Otra de las novedades recogidas es la atribución a la Junta del deber de denunciar ante los órganos judiciales la existencia de indicios de comisión de crímenes de lesa humanidad en las localizaciones o identificaciones de víctimas.

En este sentido, la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales podrá instar a la personación del Gabinete Jurídico de la Junta en aquellos procedimientos en que no haya sido denunciante. La medida se enmarca en el principio de justicia universal, que reclaman los familiares de las víctimas y organismos internacionales como la ONU.

Anulación de sentencias
Como disposición adicional cuarta, se incluye que la Junta instará al Gobierno central a que tome las medidas que procedan para el reconocimiento y restitución personal como “consecuencia de la ilegitimidad de los tribunales y otros órganos”. En este aspecto, de acuerdo con las recomendación del Consejo Consultivo, Diego Valderas ha expuesto que se ha decidido suprimir la expresión “anulación de sentencia”, ya que dicho órgano ha recordado que la Ley de Memoría Histórica “declara la ilegitimidad de tribunales y de las condenas y sanciones” y recalca que eso es distinto a la “anulación de las sentencias, que no es posible por obstáculos jurídicos”.

Ha agregado que el Gobierno andaluz sí puede “tomar la determinación de exigir al Gobierno central que, de una vez por todas, sean anuladas las sentencias”.

 

En el ámbito de la organización administrativa, la norma prevé la creación del Consejo Andaluz de la Memoria Democrática, como órgano consultivo de participación social, y del Instituto de la Memoria Democrática, que asumirá el estudio, la investigación y el impulso de las medidas para garantizar el cumplimiento de la ley.

Finalmente, el régimen sancionador fija como infracciones muy graves, con multas de entre 10.001 y 150.000 euros, remover o construir en los terrenos donde haya fosas u otros restos humanos, la destrucción de estas o las excavaciones sin autorización. De carácter grave, con multas de entre 2.001 y 10.000 euros, se consideran incumplir la orden de retirada de escudos, insignias o placas; no conservar o realizar obras en los lugares de memoria democrática; trasladar restos humanos sin autorización, o no informar de su hallazgo casual.

Entre las leves (multadas con entre 200 y 2.000 euros) figuran la exhibición pública de placas, escudos, insignias y otros elementos; impedir la visita pública, y dañar los espacios o el mobiliario que estén catalogados como Lugares de Memoria. La Junta no subvencionará o dará ayudas públicas a las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas que sean sancionadas.

El Consejo de Estado se postula contra la reforma del ordenamiento de los estudios universitarios

Universidad de SevillaDesde la Universidad también se pide al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte que aplace las reformas que intenta poner en marcha, en este caso la del ordenamiento de los estudios universitarios, que permitiría a los centros españoles ofertar grados de tres y cuatro años en todas aquellas carreras que no forman parte de profesiones reguladas.

El Consejo de Estado dictamina esta necesidad sobre el actual borrador del Decreto de ordenamiento de los estudios universitarios, y recuerda también que el sistema de grados de cuatro años más uno de máster, terminó de implantarse de forma generalizada en 2010, y las primeras promociones se graduaron en 2014. También señala que todavía no se ha extinguido el plan antiguo (licenciatura) en la mayoría de las universidades.

En el informe del Consejo de Estado se expresa que ”la falta de estabilidad en la regulación de las enseñanzas durante los últimos años no parece beneficiar a la consecución de una educación de calidad en España, siendo muy deseable que se tratara de alcanzar un acuerdo general de las fuerzas políticas y sociales, a fin de buscar un texto que pueda dar mayor estabilidad al sistema”.

Que las mismas carreras tengan distinta duración y número de créditos según la facultad en que se impartan podría llevar a posibles “disfunciones”, según el Consejo de Estado. Esa falta de homogeneidad dentro del territorio español dificultaría también la homogeneidad con el resto de los países del entorno.

El informe señala también ámbitos en los que el Consejo de Estado considera que el actual borrador precisa de un mayor desarrollo. Así, entre otros puntos, subraya la necesidad de aclarar qué ocurriría con los alumnos que no sean capaces de superar los 240 créditos de los actuales grados, pero que sí hayan aprobado los 180 que, como mínimo, tendrían las futuras titulaciones universitarias.

“Convendría aclarar –reza el documento– que la transición de los Grados de 240 créditos a 180 créditos exige una adaptación a fin de establecer los criterios sobre como aplicará el Real Decreto proyectado para todos aquellos alumnos”.

En lo referente a las profesiones reguladas, el documento apunta a la necesidad de un mayor desarrollo y critica que en algunos casos se haga referencia a las normativas sectoriales de cada profesión, en algunas de las cuales “no se establece expresamente la duración” de los estudios, como es el caso de los abogados y psicólogos.

Subraya también que el texto propuesto por el Gobierno no hacer referencia a la necesidad de que en la distribución de las materias en los nuevos grados (en una horquilla entre los 180 y los 240 créditos) primen las competencias consideradas como básicas para cada ámbito profesional y recuerda que este es el criterio que establecen las Agencias de Evaluación para el reconocimiento de las titulaciones. “En la redacción actual no se hace alusión alguna a esta cuestión”, señala el informe.

Asimismo, pide que se defina el número de créditos convalidables de unos grados a otros que no tengan el número máximo o mínimo de créditos (180 o 240) sino una cantidad intermedia, ya que en el actual texto únicamente se hace referencia a estas dos posibilidades, aunque se establece que ambas forman “una horquilla”.

En cualquier caso, si finalmente se decidiera continuar con la medida, el informe del Consejo de Estado pide al Gobierno que lo haga con un margen temporal de adaptación “mas largo” que el previsto por Educación, para septiembre de este año.