Educación en valores para lograr la paz

Con motivo del Día Escolar de la no Violencia y la Paz, FETE-UGT defiende la educación en valores como eje fundamental del proyecto educativo

Imagen recurso alumno estudiandoEl concepto de Paz, si bien ha sido asimilado tradicionalmente con la ausencia de guerra, ha seguido una evolución hacia el concepto de igualdad y justicia social. Este concepto amplio y positivo de paz, significa la ausencia de todo tipo de violencia, tanto directa (física o verbal), como estructural, donde se garantiza la satisfacción de las necesidades básicas para vivir dignamente y del reconocimiento de los derechos sociales y económicos. Este concepto de paz se refiere a una vida social donde exista cada vez más justicia y menos violencia en las relaciones entre personas, grupos sociales y naciones.

Sin embargo, la realidad nos muestra que estamos lejos de esta concepción de la Paz. En la actualidad un 80% de la población mundial carece de acceso a una protección social adecuada, afectando estas carencias especialmente a mujeres y niños y niñas. En cuanto a España, la crisis económica y la política de recortes salariales y sociales han provocado y sigue haciéndolo un amplio aumento de la vulnerabilidad social y un incremento de la desigualdad. Esto supone un creciente deterioro en el reconocimiento los Derechos Humanos y atenta más que nunca contra los principios de justicia, cohesión y paz social. Como consecuencia la distancia que separa a ricos y pobres es hoy más grande, situando a España como el país de la UE donde más han aumentado las desigualdades (cinco veces más que la media de la UE) y donde se ha generado que la pobreza sea más intensa, extensa y crónica entre la población.

Desde FETE-UGT recordamos, en la conmemoración del Día Mundial de la no Violencia y la Paz, que las consecuencias de la desigualdad y la ruptura de la cohesión social, ampliamente analizadas en la investigación social, generan consecuencias muy graves para una sociedad, y aunque en principio afectan de forma desigual a la población, es el conjunto de esta quien la sufre. Asimismo, dichas consecuencias permanecen en el tiempo, el daño causado a una sociedad no se solventa con cambios de política a corto y medio plazo, sino que sus efectos permanecen y afectan a varias generaciones sucesivas. En este sentido en vez de reforzarse e incrementarse progresivamente en estos años de crisis, las políticas sociales de bienestar social, tendientes a la redistribución de la riqueza y a la protección y la igualdad, han ido reduciéndose como consecuencia de los recortes y/o eliminación de medidas de protección

Desde FETE-UGT consideramos que la tarea política prioritaria debe ser trabajar para construir un orden social (político, social y económico) sustentado en una justa distribución de la riqueza social. Creemos firmemente que la crisis económica y de empleo nos ofrece la oportunidad de reformular un conjunto de estrategias de desarrollo y prácticas públicas y empresariales que nos conduzcan hacia un futuro más sostenible y equitativo. La sostenibilidad depende de la creación de mercados y políticas que sean capaces de distribuir mejor los beneficios del desarrollo. Significa también sentar las bases para que todos vivamos con dignidad, estabilidad y oportunidades. En nuestro empeño por lograr esta transformación debemos, al mismo tiempo, integrar la inclusión social en nuestras políticas y en todas nuestras iniciativas, especialmente en materia de educación puesto que la escuela es la institución más poderosa para garantizar la igualdad.

Por último, desde nuestro ámbito de actuación, la Educación, creemos que es necesaria una educación que garantice que cada alumno y alumna pueda participar de forma crítica y responsable en la defensa de la paz y la democracia, por tanto, en lograr una sociedad plural, más justa, equitativa y solidaria. Frente al discurso neoliberal que define el fin de la educación como la respuesta a las necesidades del mercado, defendemos la educación en valores y la educación en la ciudadanía como los ejes fundamentales sobre los que debe elaborarse el proyecto educativo, para desde él educar y formar ciudadanos y ciudadanas bien preparados para encontrar un trabajo digno, pero, también, que les enseñe a preocuparse y comprometerse de forma crítica y responsable con el mundo en el que les ha tocado vivir.

Las aulas hoy en día son el reflejo de la sociedad en la que vivimos. Los retos, las ilusiones, los acuerdos y los conflictos están presentes en todos los espacios de convivencia. El compromiso de FETE-UGT es contribuir a que en los centros educativos aprendamos a relacionarnos desde los valores de igualdad, respeto y solidaridad. El tratamiento que se da a la resolución de los conflictos en el ámbito educativo es un elemento fundamental para el desarrollo de la personalidad de los alumnos y de las alumnas y para la incorporación de nuevos talantes en el tratamiento la diversidad.

Las asignaturas de historia reflejarán de forma rigurosa lo ocurrido antes y después de la Guerra Civil

Salón de plenos del Parlamento andaluz

Se ha aprobado ya el proyecto de Ley de Memoria Democrática de Andalucía y será remitido al Parlamento para su estudio y posterior aprobación. Esta nueva Ley establecerá el régimen jurídico de las iniciativas para el reconomiento de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura franquista en Andalucía, y prevé incluir los contenidos relacionados con la Memoria Democrática en los planes de enseñanza de Primaria, Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Educación Permanente de personas adultas. De este modo, se revisarán los textos escolares para que ofrezcan información rigurosa sobre los acontecimientos ocurridos antes y después de la Guerra Civil, con contenidos basados en la investigación historiográfica.

El texto supera y adapta a Andalucía la legislación estatal en vigor, además de ampliar su horizonte temporal. Así, además de la Segunda República, la Guerra Civil y la Dictadura franquista, incluye la Transición a la democracia hasta la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía, con un periodo total que abarca desde el 14 de abril de 1931 hasta el 11 de enero de 1982.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, el vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas,expuso que esta ley –que parte de una dotación económica de diez millones para un periodo quinquenal– amplia la consideración de víctima a colectivos como los familiares o los niños robados; reforzará el régimen de protección legal de los espacios, enclaves y bienes muebles y documentales vinculados a la recuperación de la memoria democrática; incluirá su estudio en los currículos educativos, y facultará a la administración autonómica para emprender acciones y denuncias de crímenes ante los juzgados, de acuerdo con el principio de justicia universal. Asimismo, establecerá la prohibición expresa de exhibición de símbología fascista y obligará a las instituciones a eliminar cualquier vestigio en este sentido.

El proyecto establece el marco de las políticas públicas para saldar la deuda con las víctimas y con los luchadores por la libertad, la democracia y la autonomía andaluza. Su estructura se organiza en seis títulos, dedicados a las víctimas de la represión, las medidas de reparación, los documentos de la memoria democrática de Andalucía, el fomento del movimiento asociativo y fundacional, la actuación administrativa y el régimen sancionador, además del título preliminar, seis disposiciones adicionales, una transitoria, una derogatoria, y dos finales.

Respecto a las víctimas, el articulado extiende esta consideración (ya vigente para fusilados, guerrilleros, condenados y exiliados) a los familiares, a los niños robados, a quienes padecieron los campos de exterminio nazis y a colectivos que sufrieron especial persecución, como homosexuales o mujeres vejadas. Asimismo, y de acuerdo con los ayuntamientos, prevé la elaboración de un censo de carácter público, iniciativas de dignificación de las fosas comunes y el establecimiento del 14 de junio como día de recuerdo y homenaje a las víctimas. En esta jornada se conmemora la primera exhumación oficial de una fosa común, que tuvo lugar en Lecrín (Granada) en 2003.

El texto legal refuerza el régimen jurídico de protección de los denominados Lugares de Memoria Democrática. Entre otras medidas, se recoge la creación del Inventario de Lugares y Senderos y la exigencia de informes vinculantes de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales para cualquier proyecto o actuación que afecte a estos enclaves.

En la misma línea, la futura ley incluirá un conjunto de medidas encaminadas a la recuperación del patrimonio documental incautado por las fuerzas golpistas durante la Guerra Civil y el franquismo.

18 meses para retirar símbolos
Respecto a los símbolos, se fija un plazo de 18 meses para la retirada de escudos, placas y nombres de calles, plazas y avenidas que todavía exaltan el golpe de 1936 y el franquismo. Además, se faculta a la Administración autonómica para llevar a cabo esta medida subsidiariamente.

Los artículos dedicados a las fosas comunes incluyen disposiciones para facilitar la recuperación e identificación de los restos y establecen la elaboración de un plan cuatrienal que dará prioridad a las medidas de localización y exhumación. Estos trabajos deberán ser iniciados por la Junta o por los ayuntamientos a instancias de las familias, las entidades memorialistas y los investigadores.

Cuando los enterramientos estén en terrenos privados, si el propietario no da su consentimiento, se autoriza al Gobierno andaluz a la ocupación temporal de su uso. Asimismo, la Junta estará facultada para realizar pruebas genéticas que permitan la identificación de las víctimas y crear un banco de datos de ADN.

Otra de las novedades recogidas es la atribución a la Junta del deber de denunciar ante los órganos judiciales la existencia de indicios de comisión de crímenes de lesa humanidad en las localizaciones o identificaciones de víctimas.

En este sentido, la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales podrá instar a la personación del Gabinete Jurídico de la Junta en aquellos procedimientos en que no haya sido denunciante. La medida se enmarca en el principio de justicia universal, que reclaman los familiares de las víctimas y organismos internacionales como la ONU.

Anulación de sentencias
Como disposición adicional cuarta, se incluye que la Junta instará al Gobierno central a que tome las medidas que procedan para el reconocimiento y restitución personal como “consecuencia de la ilegitimidad de los tribunales y otros órganos”. En este aspecto, de acuerdo con las recomendación del Consejo Consultivo, Diego Valderas ha expuesto que se ha decidido suprimir la expresión “anulación de sentencia”, ya que dicho órgano ha recordado que la Ley de Memoría Histórica “declara la ilegitimidad de tribunales y de las condenas y sanciones” y recalca que eso es distinto a la “anulación de las sentencias, que no es posible por obstáculos jurídicos”.

Ha agregado que el Gobierno andaluz sí puede “tomar la determinación de exigir al Gobierno central que, de una vez por todas, sean anuladas las sentencias”.

 

En el ámbito de la organización administrativa, la norma prevé la creación del Consejo Andaluz de la Memoria Democrática, como órgano consultivo de participación social, y del Instituto de la Memoria Democrática, que asumirá el estudio, la investigación y el impulso de las medidas para garantizar el cumplimiento de la ley.

Finalmente, el régimen sancionador fija como infracciones muy graves, con multas de entre 10.001 y 150.000 euros, remover o construir en los terrenos donde haya fosas u otros restos humanos, la destrucción de estas o las excavaciones sin autorización. De carácter grave, con multas de entre 2.001 y 10.000 euros, se consideran incumplir la orden de retirada de escudos, insignias o placas; no conservar o realizar obras en los lugares de memoria democrática; trasladar restos humanos sin autorización, o no informar de su hallazgo casual.

Entre las leves (multadas con entre 200 y 2.000 euros) figuran la exhibición pública de placas, escudos, insignias y otros elementos; impedir la visita pública, y dañar los espacios o el mobiliario que estén catalogados como Lugares de Memoria. La Junta no subvencionará o dará ayudas públicas a las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas que sean sancionadas.

El Consejo de Estado se postula contra la reforma del ordenamiento de los estudios universitarios

Universidad de SevillaDesde la Universidad también se pide al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte que aplace las reformas que intenta poner en marcha, en este caso la del ordenamiento de los estudios universitarios, que permitiría a los centros españoles ofertar grados de tres y cuatro años en todas aquellas carreras que no forman parte de profesiones reguladas.

El Consejo de Estado dictamina esta necesidad sobre el actual borrador del Decreto de ordenamiento de los estudios universitarios, y recuerda también que el sistema de grados de cuatro años más uno de máster, terminó de implantarse de forma generalizada en 2010, y las primeras promociones se graduaron en 2014. También señala que todavía no se ha extinguido el plan antiguo (licenciatura) en la mayoría de las universidades.

En el informe del Consejo de Estado se expresa que ”la falta de estabilidad en la regulación de las enseñanzas durante los últimos años no parece beneficiar a la consecución de una educación de calidad en España, siendo muy deseable que se tratara de alcanzar un acuerdo general de las fuerzas políticas y sociales, a fin de buscar un texto que pueda dar mayor estabilidad al sistema”.

Que las mismas carreras tengan distinta duración y número de créditos según la facultad en que se impartan podría llevar a posibles “disfunciones”, según el Consejo de Estado. Esa falta de homogeneidad dentro del territorio español dificultaría también la homogeneidad con el resto de los países del entorno.

El informe señala también ámbitos en los que el Consejo de Estado considera que el actual borrador precisa de un mayor desarrollo. Así, entre otros puntos, subraya la necesidad de aclarar qué ocurriría con los alumnos que no sean capaces de superar los 240 créditos de los actuales grados, pero que sí hayan aprobado los 180 que, como mínimo, tendrían las futuras titulaciones universitarias.

“Convendría aclarar –reza el documento– que la transición de los Grados de 240 créditos a 180 créditos exige una adaptación a fin de establecer los criterios sobre como aplicará el Real Decreto proyectado para todos aquellos alumnos”.

En lo referente a las profesiones reguladas, el documento apunta a la necesidad de un mayor desarrollo y critica que en algunos casos se haga referencia a las normativas sectoriales de cada profesión, en algunas de las cuales “no se establece expresamente la duración” de los estudios, como es el caso de los abogados y psicólogos.

Subraya también que el texto propuesto por el Gobierno no hacer referencia a la necesidad de que en la distribución de las materias en los nuevos grados (en una horquilla entre los 180 y los 240 créditos) primen las competencias consideradas como básicas para cada ámbito profesional y recuerda que este es el criterio que establecen las Agencias de Evaluación para el reconocimiento de las titulaciones. “En la redacción actual no se hace alusión alguna a esta cuestión”, señala el informe.

Asimismo, pide que se defina el número de créditos convalidables de unos grados a otros que no tengan el número máximo o mínimo de créditos (180 o 240) sino una cantidad intermedia, ya que en el actual texto únicamente se hace referencia a estas dos posibilidades, aunque se establece que ambas forman “una horquilla”.

En cualquier caso, si finalmente se decidiera continuar con la medida, el informe del Consejo de Estado pide al Gobierno que lo haga con un margen temporal de adaptación “mas largo” que el previsto por Educación, para septiembre de este año.

No a la LOMCE; No a su desarrollo!!

600300_344022929059780_1073827471_nLa falta de apoyo de la comunidad educativa a la nueva Ley de Educación lleva a la Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT a rechazar su desarrollo.

El currículo de ESO y Bachillerato, aprobado y publicado por el Ministerio de Educación recientemente tampoco contó con el apoyo de la comunidad educativa, pero aun así, el Gobierno no tuvo en cuenta las recomendaciones del Consejo Escolar de Estado y tampoco la falta de respaldo de las comunidades autónomas en la reunión de la Conferencia Sectorial, ya que Andalucía, Canarias y Asturias han pedido al sr. Wert el aplazamiento de la LOMCE y Cataluña anuncia que no la aplicará.

Ante esta situación, el Ministro tiene la mejor oportunidad para decidir no implantar su ley educativa. Solo tiene que evaluar y ver los problemas que está generando la implantación de Primaria y de FP básica en los centros y no cometer los mismos errores con la implantación del currículo de la ESO y Bachillerato.

FETE-UGT considera que el Gobierno debería tener en cuenta que hay seis recursos presentados ante el Tribunal Constitucional en contra de la LOMCE que recogen el malestar de la Comunidad Educativa y de las fuerzas políticas contra una ley regresiva, que rompe la equidad y la calidad educativa.

FETE-UGT pide un calendario de recuperación de derechos económicos para l@s emplead@s públicos

Manifestación frente HispalenseFETE-UGT considera un intolerable agravio para los empleados/as públicos andaluces el anuncio del Gobierno de la Nación, y su posterior publicación en el BOE número 2 de 2 de enero de 2015, sobre la recuperación económica de los 44 días devengados de la paga extra de diciembre de 2012 para los empleados/as públicos dependientes de la Administración General del Estado, dejando al arbitrio político y al albur de los presupuestos de cada Comunidad Autónoma la potestad de realizar dicha devolución.
Los empleados/as públicos andaluces venimos sufriendo recortes en nuestros salarios desde el año 2010, turnándose Gobierno Central y Gobierno Autonómico en la aplicación de dichos recortes originando que seamos los empleados públicos andaluces los que estamos padeciendo una de las mayores pérdidas de poder adquisitivo de todo el territorio nacional.
Para este sindicato, además, el tema de la devolución de los 44 días de la paga del 2012 es especialmente sangrante. Teniendo claro desde la publicación del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, por el que se nos suprimía dicha paga, que no se podía suprimir la parte correspondiente a lo ya trabajado antes de la publicación del mencionado Real Decreto-Ley, ha denunciado, reivindicado y judicializado con éxito esta cuestión. De hecho, y en el caso de los docentes, FETE-UGT  está consiguiendo sentencias favorables a todas las demandas interpuestas.
En la Mesa General de Función Pública en Andalucía de 27 de octubre de 2014, exigieron a la administración andaluza no sólo la devolución de estos 44 días, sino un calendario de restitución de los derechos económicos y laborales perdidos en los últimos años. La administración contestó que no estaba en disposición de comprometerse en un calendario, aunque su intención era tender a esa recuperación de derechos progresivamente.
El pasado 21 de noviembre de 2014, en vistas al anuncio del Ministro Montoro sobre la devolución de este importe a los empleados públicos dependientes de la AGE y a las numerosas sentencias favorables en Andalucía reconociendo el derecho a percibir los 44 días, FETE-UGT envió un escrito a la Presidenta de la Junta de Andalucía solicitando nuevamente la devolución de esta cantidad, recibiendo respuesta el 3 de diciembre de 2014 de la Secretaria General para la Administración pública, a la que dimos publicidad en su momento y en la que se nos dice literalmente:
“El Gobierno de la Nación ha anunciado, y así lo ha incluido en la Disposición Adicional Décima del Anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015, que el personal del sector público estatal recuperará el año próximo la parte proporcional correspondiente a 44 días de la paga extraordinaria, paga adicional de complemento específico y pagas adicionales del mes de diciembre de 2012, permitiendo a todas las Administraciones Públicas aprobar, en su ámbito propio, el abono a su personal de estas cantidades dejadas de percibir. Con esta medida, que favorece exclusivamente al personal al servicio del sector público estatal, se quiebra la uniformidad de las retribuciones básicas del personal empleado público (al mismo tiempo, se prevé suspender y dejar sin efecto, en lo que resulte estrictamente necesario, la aplicación del artículo 24 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública), sin que se habiliten los fondos necesarios para hacer frente a este pago, y además incorporando un control añadido a la decisión que se adopte al respecto, pues la misma queda condicionada al cumplimiento de los criterios y procedimientos establecidos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, cuyos límites se desconocen en la actualidad.

En todo caso, el compromiso de nuestra Comunidad Autónoma es la recuperación progresiva de todos los derechos económicos de su personal empleado público. En 2015 se procederá de nuevo al abono del complemento adicional de las pagas adicionales o reducciones retributivas equivalentes. No obstante, la restitución del resto de derechos se irá completando en la medida en que lo permitan las circunstancias económicas y el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.”

Por todo ello, desde FETE UGT se vuelve a insistir a la Junta de Andalucía para que EXIJA al Gobierno Central que no incumpla la Ley tratando desigualmente las retribuciones de los empleados/as públicos y haga extensivo el pago de los 44 días a todo el sector público en el conjunto del territorio nacional.
Del mismo modo, y en previsión de la negativa del Gobierno Central a esta petición, este sindicato insta a la Junta de Andalucía a sentarse con los representantes de los trabajadores para establecer un calendario de recuperación de derechos económicos de una vez por todas, demostrando la intención expresada tanto en el escrito citado como en palabras de la propia Presidenta de la Junta de Andalucía.

FETE-UGT celebra la retirada del proyecto de Real Decreto de Especialidades

El Ministerio de Educación ha retirado el proyecto de Real Decreto de Especialidades en el seno de la mesa de negociación celebrada el día de ayer y ha anunciado, tras la presión sindical, un nuevo documento con enfoque técnico que permita dar atribución docente a las nuevas materias de la LOMCE.

FETE-UGT  ha reiterado su rechazo porque el citado texto articulado, en palabras de su Secretaría General, Sonia Gaya:” resultaba tan innecesario como lesivo para el profesorado de Educación Secundaria.”
El nuevo documento anunciado contemplará, según el ministerio, además de las atribuciones docentes de las nuevas materias de la ESO, FP Básica y Bachillerato, la correspondencia o equivalencia de las antiguas materias con las nuevas que empezarán a implantarse a partir de septiembre de 2015 en 1º y 3º de la ESO.
FETE-UGT espera que la administración educativa haya tomado nota y que responda a los problemas que tiene el profesorado y a los que genera el cambio normativo.

Juguetes para la adquisición de valores

En estas fechas en las que se incrementa la demanda de juguetes por las tradiciones navideñas, FETE-UGT aconseja la búsqueda de juguetes que promuevan el desarrollo integral de los niños y niñas y que contribuyan a la adquisición de valores que fomenten la cooperación, la igualdad, el respeto, la no violencia, la creatividad… Es necesario romper los estereotipos con mensajes sexistas, violentos o consumistas.

Este sindicato defiende un código ético en el diseño y realización de juguetes que se validen por su seguridad física y porque respondan al respeto a la diversidad, así como a los valores de igualdad, no discriminación, solidaridad, consumo responsable y no violencia.

En palabras de la Secretaria de Políticas Sociales de FETE-UGT Andalucía, Ana Galeote: “Son tiempos en los que los padres y madres tienen que conjugar los deseos de sus hijos e hijas con la selección de juegos que favorezcan el  entretenimiento de carácter lúdico y educativo. En este sentido, reconocemos el papel de los docentes que aconsejan a las familias en la búsqueda de materiales, juegos y libros adecuados a la edad y a las necesidades de aprendizaje del alumnado.”

Sirvan estos tiempos para reivindicar espacios para la conciliación de la vida familiar y laboral, para hacer posible y compatible actividades conjuntas.

Consultar materiales de FETE-UGT: Jugar creando igualdad, jugar para la paz y el consumo responsable:

http://gdc.feteugt.es/imagenes/2012/Pol%C3%ADticas%20Sociales/POLmonografico_juguete_no_sexista.pdf

 

Acciones para que se homologue a la enseñanza concertada con la pública, no sólo en los recortes

Vamos a recordar la historia de los recortes en la enseñanza concertada para entender mejor la situación actual.

En el año 2012 a los funcionarios les eliminaron la paga extra de Navidad y a nosotros la misma cantidad nos la fueron retirando del sueldo desde el mes de Julio hasta diciembre, fueron aquellos 200 y pico euros de recorte.
En los años 2013 y 2014 a los funcionarios les recortaron los complementos autonómicos de las extras y a nosotros la misma cantidad nos la recortaron mes a mes, entre 70 y 80€ que nos recortaron del complemento autonómico.
Para 2015 se informó que los funcionarios volverían a cobrar el complemento autonómico en la extra y a nosotros hasta ese momento nos habían dicho que lo recuperaríamos también. Pero el proyecto de Presupuestos de la Junta para 2015 establece en su disposición adicional sexta que, durante el ejercicio de 2015, «no será de aplicación lo dispuesto en el párrafo segundo del apartado primero de la disposición adicional primera de la Ley 3/2012, de 21 de septiembre, continuando vigentes las cuantías de los complementos establecidos por la comunidad autónoma de Andalucía para el ejercicio de 2014». Frase complicada de entender que viene a decir que dejan de aplicar el acuerdo de homologación y por tanto
nos han homologado para recortarnos y no para recuperar lo recortado.

Ante esta discriminación FETE-UGT comienza una serie de acciones para impedir que llegue a ser realidad en enero.

- Ha habido concentración, con los Delegados de la concertada, en Torretriana donde se entregó un escrito.

- Se ha acudido a la mesa de la concertada donde se citaron urgentemente a los sindicatos y, tanto éstos como patronal se han levantado de la mesa ante la ausencia de respuesta.

- Se ha iniciado una campaña de recogida de firmas en change.org de la que se adjunta el link para que se difunda y firme: Change.org

- Se han solicitado reuniones con los grupos parlamentarios para hacerles saber la discriminación tan injustificada que se va a “perpetrar” con los trabajadores de la enseñanza concertada. Ya ha habido reuniones con PSOE y PP. PP se mostró muy receptivo a la reivindicación y presentará una Proposición No de Ley (PNL) para la eliminación de la disposición adicional sexta. Esta semana habrá reuniones con IU.

- Se ha convocado una concentración ante el Parlamento Andaluz el día 9 de diciembre, que es cuando se discuten las enmiendas, y el 23 de diciembre que es cuando se votan los presupuestos. Tu presencia es fundamental para defender tus derechos.

- Se invita a todas las personas sensibilizadas en este tema a que el día 9 se envíe, al mail de Dña. Susana Díaz (susana.diaz@parlamentodeandalucia.es) y al de Luciano Alonso (luciano.alonso@parlamentodeandalucia.es), el escrito que está en Change.org a fin de hacerles saber el enfado del sindicato ante esta discriminación.

- Para aun ampliar más la campaña también se puede enviar por correo postal una carta a la Atención de Dña. Susana Díaz y  otra a D. Luciano Alonso en  Parlamento de Andalucía c/ San Juan de Ribera s/n 41009‐Sevilla con ese mismo escrito.

Ante la falta de soluciones a la discriminación el personal de Enseñanza Concertada, se abandona la Mesa Sectorial

DSC_0246Ante la situación de discriminación creada por la Junta de Andalucía, hacia los trabajadores de la Enseñanza Concertada, los sindicatos y cooperativas representados en la Mesa Sectorial, después de ratificar que no existían soluciones por parte de la Dirección General de Planificación, se levantaron de la reunión. Esta iniciativa la siguieron las patronales Escuelas Católicas y SAFA, que también abandonaron la reunión.

Ante esta situación y la incapacidad de la Consejería de Educación de dar respuesta a la indignación de los 18.000 profesionales afectados por esta salvaje medida, las organizaciones anteriormente citadas MANIFIESTAN

1.- Que insisten en su exigencia de una RECTIFICACIÓN INMEDIATA de semejante despropósito en el trámite parlamentario del Proyecto de Ley de Presupuestos para evitar la grave discriminación que se produciría sobre los profesores de los centros concertados de Andalucía.
2.- Que proseguirán la campaña en los medios de comunicación para llevar la voz a la sociedad de estos miles de docentes, que también formamos parte del Sistema Educativo Público Andaluz.
3.- Que seguirán llevando a cabo acciones de protesta y movilizaciones para detener el atropello que el Gobierno Andaluz pretende cometer.
4.- Que exigirán las responsabilidades políticas que consideren necesarias ante este abuso inaudito e intolerable.